19 de julio de 1924: Matanza de indígenas en Napalpí (Chaco)
En junio de 1923, el presidente Alvear designó en el gobierno del entonces territorio nacional del Chaco a Fernando Centeno, nieto del coronel Dámaso Centeno, muerto en combate en la batalla de Pavón. Fernando Centeno, educado en París y tres veces presidente de la Cámara de Diputados santafecina, oriundo de esa provincia, debía remitir informes de su gestión al Ministerio del Interior.
Enrique F. Widmann M.-IberInfo/Buenos Aires
Frente a las etnias, el nuevo gobernador continuó con la política de la Reducción de Indios, un organismo que administraba la mano de obra aborigen en los obrajes forestales y en las chacras de algodón y maíz; de este modo, a la vez que los obligaba a abandonar su nomadismo, los incorporaba al proceso de producción económica.
La Reducción Napalpí era un territorio de 20.000 hectáreas, ubicado a 120 kilómetros de Resistencia, sobre la traza del ferrocarril Barranqueras al Oeste. Había sido creada en 1911 por el naturalista y protector de indios Enrique Lynch Arribálzaga. La creación de este cerco indígena de producción agraria, bajo subsidio y control estatal, tuvo la intención de evitar que las etnias mocoví, toba y vilela continuasen siendo víctimas del genocidio de las tropas de línea del Ejército, quienes las consideraban obstáculos para su objetivo de "civilización y progreso". La Reducción también incluyó una política educativa. Se fundó una escuela para los hijos de los aborígenes.
Hacia 1920, con el auge algodonero, la Reducción contaba con alrededor de setecientos empleados que trabajaban a destajo. Pero los indios también tenían la posibilidad de ser contratados por comerciantes que los trasladaban a los ingenios azucareros de Tucumán, de Salta y de Jujuy por una mejor paga. De modo que entre la posibilidad de volverse al monte a vivir con sus costumbres originales, subsistiendo con la caza o la pesca y el éxodo a otras provincias, desde la perspectiva de los terratenientes, los aborígenes componían una mano de obra inestable para las necesidades de la cosecha.
Atento a las inquietudes de las empresas productoras, el gobernador Centeno prohibió los desplazamientos indígenas fuera del territorio.
Sometidos al cerco de Napalpí, los aborígenes se sublevaron contra la administración de la Reducción, que además les descontaba el 15% de la producción de algodón. Muchos se negaron a levantar la cosecha. El ambiente se fue crispando. Los policías comenzaron a perseguir a los indígenas que regresaban de la zafra jujeña en trasgresión a la orden de Centeno y mataron a algunos de ellos en el paraje El Cuchillo.
También, la policía comenzó a recibir denuncias telegráficas de productores por robos de hacienda y carneo de animales.
El 17 de mayo de 1924, Centeno entrevistó a los caciques en Napalpí. Éstos expusieron sus críticas, pidiendo a Centeno la supresión del 15 por ciento que se les descontaba, libertad para vender sus productos, la reapertura de la escuela, títulos de propiedad para colonos indígenas, la liberación de aborígenes detenidos en la cárcel de Resistencia y la entrega de dos vacas y mil kilos de galletas.
Ni las promesas de provisión de alimentos, ni la reunión de la delegación indígena en Buenos Aires con la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, ni la visita a Napalpí de Eduardo Elordi, secretario de Territorios del Ministerio del Interior, bastaron para comenzar a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los nativos. Todas las negociaciones quedaron en nada.
El sometimiento policial a los indígenas para que permanecieran en la Reducción, las denuncias de cuatrerismo y los ataques a establecimientos agrarios denunciados por colonos blancos contra los "bandoleros" aborígenes, el despoblamiento rural por el temor a un levantamiento indígena y la huelga que iniciaron éstos en Napalpí hundieron el territorio en una psicosis de guerra.
La figura del indio armado, guiado por el cacique toba Pedro Maidana, era la figura más explotada frente a Centeno por parte de los terratenientes, que exigían disciplinar a la mano de obra.
Los “desesperados terratenientes” Walter Kaussel, Juan Retamozo y Luis Fernández, lloraban sus penas ante el gobernador por la falta de cosecheros para explotar. Denunciaban pérdidas millonarias al no poder levantar sus cosechas, sembrar o talar los montes. Piden al gobierno de Chaco que adopte una postura firme para “escarmentar a los que dan el mal ejemplo”.
Enrique Lynch Arribálzaga había advertido en 1911: "La coerción o el temor son, a mi juicio, pésimos recursos para el gobierno de los aborígenes. Se los podrá dominar momentáneamente, pero el odio hervirá en sus almas sin freno y, como todo pueblo oprimido, romperá sus cadenas en cuanto vea la primera coyuntura para hacerlo".
En julio, el gobernador Centeno pidió al Ministerio del Interior tropas del Ejército para sofocar la "sublevación", pero le respondieron que era un hecho policial que debía ser resuelto a nivel local.
Así, el 16 de julio salió de Resistencia hacia Machagai el comisario Sáenz Loza junto a cuarenta policías nacionales cuya misión era reforzar la concentración policial ya existente en la zona. Sáenz Loza no era un desconocido para los indígenas, su fama de siniestro torturador lo acompañaba desde hacía largo tiempo. Un testimonio de la época dice de él: “…ni siquiera sabía firmar. Dibujaba la firma y era temido por propios y extraños por su brutalidad con quien se le metía entre ceja y ceja. Hacía gala de sus contactos políticos en Resistencia. Después de Napalpí exhibía con orgullo en su despacho un frasco grande de vidrio donde conservaba en alcohol orejas de aborígenes de aquella ‘batalla’”.
El sábado 19 de julio de 1924, "La Nación" , de Buenos Aires, publicó que "la sublevación" de los indios de la Reducción de Napalpí" continuaba "amenazando a la población de la zona norte de ese departamento [Villa Ana]. Han sido atacados varios vecinos, registrándose numerosos asesinatos. El pueblo está alarmadísimo".
Ese mismo día ya estaba en Napalpí la tropa policial enviada por Centeno. Cuarenta de ellos habían partido en tren desde Resistencia, se sumaron otros ochenta de localidades vecinas, más la participación de civiles armados al servicio de los productores.
Un avión del Aero Club Chaco los ayudó a reconocer la posición exacta de los indios.
A las nueve de la mañana, para sacarlos de la espesura del monte, les arrojaron una sustancia química que produjo el incendio de la toldería y del monte que los protegía.
Esta acción fue realizada por el sargento Emilio Esquivel, acompañado por el civil Juan Browis desde un avión biplano, propiedad de la Escuela de Aviación del Aeroclub Chaco.
En el mes de julio de 1924 el antropólogo y médico alemán Robert Lehmann-Nitsche viajó a la Reducción de Napalpí, en el Territorio Nacional del Chaco, con el objetivo de estudiar los mitos y las ideas astronómicas de los Toba. En este mismo mes ocurrió allí la cruenta masacre de indígenas. A partir de una serie de fuentes inéditas halladas en el Instituto Ibero-Americano de Berlín / Ibero-Amerikanisches Institut, se demuestra que el antropólogo tenía pleno conocimiento sobre la situación, ofreciéndose evidencias contundentes de su presencia en el sitio.
No hubo resistencia. Cuando comenzaron a salir desesperados del monte por el fuego los niños, ancianos, mujeres y hombres adultos, desarmados y con las manos en alto, comenzó la masacre. Les dispararon tanto de la tierra como desde el aire.
“Las descargas de fusiles Mauser y Winchester de los 130 efectivos comenzaron cuando dieron la orden el comisario Sáenz Loza y su lugarteniente, el comisario de Quitilipi José B. Machado. Se dispararon más de cinco mil cartuchos en menos de dos horas, sin previo aviso. Mataron a todos los que pudieron, porque se quedaron sin municiones. Entonces, a los muertos y a los heridos todavía con algún hilo de vida los degollaban a sablazos, como trofeos de guerra, les cortaron a machetazos las orejas, los testículos y penes a los hombres y los pechos a las mujeres. Aun vivo, también a machetazos, caparon al líder de la huelga que se había entregado prisionero. Al cacique Pedro Maidana se le había prometido que se le iba a respetar la vida. Fue empalado junto con sus dos hijos, José y Marcelino. Tanto al cacique Maidana como a sus hijos les arrancaron los testículos y las orejas.
El mismo destino corrieron otros líderes de la huelga. Los colocaron por sus esfínteres, atravesados por grandes estacas, con los cuerpos todavía moviéndose a la entrada de la toldería que seguía incendiándose. Se salvaron de este salvajismo los correntinos y santiagueños, que sólo fueron degollados".
Confirman los hechos los testimonios recogidos por una comisión parlamentaria, expuestos en la sesión de Diputados del 11 de septiembre de 1924, de los que surge que desde el avión arrojaron una sustancia química que comenzó a incendiar las tolderías. La tropa inició entonces la matanza de las etnias rebeldes. Las familias indígenas escaparon hacia al monte impenetrable, pero en dos horas, los fusiles estatales ya habían matado a alrededor de doscientos aborígenes que habían negado sus brazos a la cosecha.
El avión sobrevoló la zona para señalar a los que escapaban y ponerlos en la mira del fusil del copiloto. A los que quedaban heridos, la tropa policial los ultimaba a machetazos o los degollaba. Los cadáveres fueron amontonados, rociados con querosén, quemados y enterrados en fosas comunes.
El libro “Memorias del Gran Chaco”, de la historiadora Mercedes Silva, confirma el hecho y cuenta que el mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga, corrió esa suerte. En la misma obra Silva recoge los dichos de Gonzalo Nicanor Leiva, de madre toba y padre correntino, sobre el día siguiente al de la matanza, diciendo: "Al otro día sale la policía a juntar personal para sepultar los muertos. Tenían 38 personas que trabajaban en la toldería; había dos pozos de agua y allí fueron sepultados 75 en un pozo y en el otro 70 más. Noventa días anduvo la comisión con ese trabajo de matar a los que se encontraban en el monte. En un monte fuerte encontraron varios heridos y sanos, que eran de una familia grande. Había una chica de 17 años de edad, que estaba sana, linda, que se abrazaba con un policía diciendo: ‘No me maten, yo voy con el que me quiera llevar’. Pero el jefe de la patrulla no perdonaba a nadie, mataban a todos los que encontraban en el monte. La recorrida de ellos fue de tres meses, pero igualmente quedaron muchos sin sepultar y heridos que se sanaron…”. (“Memorias del Gran Chaco”, volumen 2, Mercedes Silva, Encuentro interconfesional de Misioneros-EIM, marzo de 1998, ISBN 987-940-18-X, pág. 172)
Muchas mujeres indígenas fueron tomadas prisioneras y violadas. Los bienes indígenas de la Reducción fueron saqueados. Los niños que lograron sobrevivir de los casi cuarenta apresados, fueron entregados a los terratenientes para ser usados como sirvientes.
En el expediente judicial, la policía negó la matanza. Según la versión oficial, cuando llegaron a Napalpí con un pañuelo blanco, fueron recibidos con fuego por los indios y en el combate mataron sólo a los tres caciques rebeldes y a otro aborigen. El resto, cerca de ochocientos indios, al ver caer a sus jefes, huyó al monte. La ¿Justicia? archivó la causa sin encontrar culpabilidad en nadie, no habiendo recogido ni siquiera los testimonios de los indígenas que habían sobrevivido.
El historiador Favio Echarri reseñó que el entonces gobernador del territorio chaqueño, Fernando Centeno, había ordenado: "Procedan con rigor para con los sublevados". Según datos de la Red de Comunicación Indígena, durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la reducción de Napalpí, palabra toba que paradójicamente significa "lugar de los muertos".
Para la versión oficial se trató de una "sublevación indígena". Había que “poner orden” y “disciplinar a los indios”.
Un microprograma de la Red de Comunicación Indígena destaca que se dispararon más de 5 mil tiros y la orgía de sangre incluyó la extracción de testículos, penes y orejas de los muertos, que como tristes trofeos fueron exhibidos en la comisaría de Quitilipi. Algunos muertos fueron enterrados en fosas comunes, otros fueron quemados. En el mismo microprograma, el cacique toba Esteban Moreno contó la historia que es transmitida de generación en generación. "En las tolderías aparecieron soldados y un avión que ametrallaba. Los mataron porque se negaban a cosechar. Nos dimos cuenta de que fue una matanza porque sólo murieron aborígenes, tobas y mocovíes, no hay soldados heridos, no fue lucha, fue masacre, fue matanza, por eso ahora ese lugar se llama Colonia La Matanza."
En el libro “Napalpí, la herida abierta”, el periodista Vidal Mario detalla: "El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas en el presente siglo. Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados, algunos colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista".
Según Pedro Solans y Carlos Díaz el total de víctimas fue de 423, entre indígenas y cosecheros de Corrientes, Santiago del Estero y Formosa. El 90 por ciento de los fusilados y empleados eran tobas y mocovíes. Algunos muertos fueron enterrados en fosas comunes, otros sólo quemados. Sobrevivieron unos 38 niños; la mitad de ellos fueron entregados como sirvientes en Quitilipi y Machagai, mientras el resto murió en el camino.
También quedaron vivos 15 adultos, entre ellos Melitona, una de las pocas mujeres que tuvo la fortuna de no ser violada.
Melitona Enrique, toba, de 23 años, escapó de las balas ese 19 de julio de 1924 y corrió hacia el monte con su madre. Había perdido a sus abuelos, a sus primos, a sus tíos. Estuvo varios días y noches sin comer. Vivió muchos años. Fue la última sobreviviente. Murió el 13 de noviembre de 2008. Tenía 107 años.
En su último cumpleaños, el 13 de enero del mismo año, el Estado provincial del Chaco reconoció por primera vez su responsabilidad en la masacre de Napalpí. El entonces gobernador, Jorge Capitanich, se hizo presente y le pidió entonces perdón en nombre del Estado chaqueño por la "Masacre de Napalpí", declarando el 19 de julio Día de los Derechos de las Poblaciones Aborígenes. También, ordenó sacar de una sala de la gobernación provincial las figuras de los mandatarios de facto. Entre ellos, fue removido el retrato de Fernando Centeno, el que en 1924 ordenara la represión en Napalpí.
El periódico "El Heraldo del Norte", de Resistencia, recordó el hecho en el primer registro escrito que se conoce, publicado en edición extraordinaria en junio de 1925, describiendo los hechos del 19 de julio de 1924 en 60 páginas: "Como a las nueve, y sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad".
"Cuando la policía se vio segura avanzó en jauría hacia los toldos y aquello fue espantosa escena que repugna narrar. Indio que se hallase con vida, sin respetar sexo ni edad, era ultimado, acribillándosele a balazos o a machetazos. Parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presente en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
La caza del indio continuó por parte de la policía. Había que exterminar...a todos. Durante un mes -nos dice uno de los conocedores de la tragedia- se persiguió a los indígenas que pudieran escapar con vida, a los que se les mataba en donde se les encontraba y hasta para no dejar rastro, se les quemaba" (“El Heraldo del Norte”. Edición Extraordinaria. Año IX, N. 652, 27/06/1925).
El diario “La Prensa”, de Buenos Aires, titulaba el día 20 de julio de 1924: “Alzamiento de indios en el territorio chaqueño”. Argentina pasaba por un período de gobierno en democracia, pero el presidente Alvear estaba más preocupado por atraer a los inversores extranjeros y por proseguir los últimos años de la Belle Epoque, que por la masacre.
Sólo unas pocas voces se alzaron para denunciar los hechos. Enrique Lynch Arribálzaga, ex director de la Reducción de Napalpí, fue quien el 24 de agosto de 1924 escribió sobre “una verdadera carnicería humana” en una presentación dirigida al Congreso Nacional, leída el día 29.
Decía entonces Lynch Arribálzaga: "La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados".
“Centeno perdió el juicio de la historia”, dijo Vidal Mario, autor de “Napalpí, la herida abierta”. El periodista y escritor recordó que en declaraciones al diario “La Prensa”, de Buenos Aires, en agosto de 1924, el entonces gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, refiriéndose a los hechos ocurridos en la zona entonces conocida como Cañada Mocoví, dijo que “la historia me juzgará”.
Centeno, “como lo hacen todos los represores, para ese juicio de la historia se buscó el mejor de los abogados: el olvido”. Sin embargo, añadió, “...igual perdió ese juicio de la historia por no tener en cuenta un dato fundamental: la verdad nunca queda enterrada para siempre”. Apuntó que “tarde o temprano, más temprano que tarde, la verdad siempre sale a la superficie”. Afirmó que eso ocurrió en relación a los sucesos de Napalpí. “Setenta y cuatro años después, en 1998 –consignó- el diputado nacional Claudio Ramiro Mendoza descubrió en los archivos del Congreso Nacional un aterrador informe producido en 1924 por una comisión investigadora enviada por el Congreso Nacional, y salió a la superficie la verdad: aquello fue una masacre”·
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Realización de la Organización Panamericana de la Salud / Pan American Health Organization, en homenaje a Melitona Enrique, última sobreviviente de la matanza de indígenas perpetrada el 19 de julio de 1924 en Napalpí (entonces territorio nacional del Chaco).
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