En Santa Cruz, despabilaron desde la administración nacional
Tras la paralización y abandono de las obras de pavimentación de la ruta nacional 40 en el tramo Tres Lagos-Gobernador Gregores, desde fines del año 2015, cuando tomara impulso la persecución penal contra Lázaro Baéz con relación a la empresa Austral Construcciones, S.A., Vialidad Nacional anuncia que la semana pasada se comenzó a encarar la obra de recuperación y mantenimiento, estándose a la espera de recibir los equipos la empresa que encabezaba el nombrado Báez.
Inexplicablemente, pese a la existencia de obradores, sin actividad alguna; repletos de materiales, vehículos y maquinaria vial y otros elementos, desde el Estado nacional no se realizó acción alguna, ni siquiera una presentación en sede judicial, durante más de un año para continuar las obras aprovechando, incluso, materiales y vehículos existentes; elementos que se fueron arruinando, sin uso, mantenimiento ni cuidado alguno.
Recién, después de un año largo de gestión, se pusieron en uso algunas de esas máquinas, con motivo de los desastres viales causados por las inundaciones en la provincia del Chubut; demostrando, también, que si hasta entonces no se habían usado y se dejaron en estado de abandono, fue porque hubo intención política de hacerlo así.
Es de esperar que este principio de acción tenga efectos positivos, como la continuación de las obras de pavimento de la ruta nacional 40 entre la altura del lago Cardiel-Estancia La Guillermina, a unos 40 kilómetros hacia el norte de Tres Lagos hasta poco antes del acceso sur a Gobernador Gregores y, asimismo, que continúen las obras sobre la ruta nacional 288 que vincula Tres Lagos y la zona cordillerana con Comandante Luis Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, el litoral atlántico y la ruta nacional 3, en el este provincial; evitando que el tiempo y la acción de la naturaleza se sigan “comiendo” las primeras capas de pavimento realizadas a lo largo de muchos kilómetros, las obras para puentes y otras complementarias, también en estado de abandono desde que el Estado nacional dejara de aportar fondos y recurosos, a fines del año 2015.